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El reino de la doble
moral,por Carmelo Mesa-Lago
Articulos Prensa Internacional
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En esta entrega:
EDITORIAL
A pesar de la deplorable conducta del oficialismo en las elecciones celebradas recientemente, la tesis de llevar a cabo una transición pacífica hacia la democracia en Cuba a través del sufragio se mantiene vigente. El burdo y transparente fraude llevado a cabo por los fidelistas no logra mancillar la validez de un mecanismo que ha demostrado su eficacia, no sólo a la hora de determinar quién tiene derecho a gobernar sino también en desenmascarar a quien lo ha perdido y está obligado al fraude. Que el régimen fidelista no se pueda dar el lujo de celebrar unas elecciones libres no quiere decir que éstas hayan perdido su efectividad. Debemos seguir insistiendo en la tesis del sufragio que consta de dos aspectos: primero, un plebiscito que le arranque los colmillos al aparato represivo y, segundo, aprovechando los espacios abiertos por ese cambio, una serie de elecciones plenamente libres y competitivas, para ir introduciendo gradualmente otras reformas, ya sean constitucionales o de políticas específicas, por parte de gobiernos elegidos directamente por el pueblo. Repasemos un poco el terreno recorrido en los últimos cinco años. La idea de celebrar un plebiscito fue lanzada inicialmente, en Noviembre de 1988, por el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba (PPDHC) en su Declaración de La Habana. Esto les costó caro a los fundadores del PPDHC, quienes fueron a parar a la cárcel y posteriormente al exilio. Pero su iniciativa fue recogida y reanimada en el exterior por el muy recordado Reinaldo Arenas. Posteriormente fue puesta en manos del exilio por el Centro de la Democracia Cubana (CDC), en una campaña lanzada durante el festival musical de la Calle Ocho el 11 de Marzo de 1990, que sobrepasó las diez mil firmas requeridas por la Constitución de 1976. Dicho resultado fue comunicado a y desestimado por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en dos ocasiones distintas-- 28 de Diciembre de 1990 y 12 de Junio de 1991 --y en carta abierta al gobernante Fidel Castro, aprovechando su asistencia a la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos de Guadalajara, el 19 de Julio de 1991. Fue una iniciativa retomada por el ingeniero Osvaldo Payá en su campaña de "Nueva Oportunidad" en Diciembre de 1991, frustrada por la represión y el obstruccionismo fidelistas. Después de haber aplastado e ignorado estos intentos legales de someter la naturaleza del régimen a una consulta popular, los fidelistas se dedicaron a "perfeccionarlo" a través de una serie de supuestos cambios constitucionales. Hemos constatado que dichos cambios, que el gobierno ha intentado presentar como reformas democráticas, no pueden ser aceptados como tales. Nos hemos tomado la molestia de estudiarlos detenidamente. Nos referimos primordialmente a la Oncena Sesión Ordinaria de Julio 10 al 12 de 1992, de la Tercera Asamblea Nacional del Poder Popular, que aprobó una serie de reformas constitucionales. Estas habían sido propuestas por una comisión designada por el Partido Comunista de Cuba en su Cuarto Congreso de Octubre de 1991 (ver texto constitucional en Granma, 22 Setiembre 1992). La Constitución de 1976 constaba de 141 artículos, la nueva consta de 137. Fueron derogados un total de 13 artículos, inclu yendo los numerales 11, 19, 99, 104, 106, 116-120, 123, 124 y 139. Fueron enmendados, en forma total o parcial, un total de 71 artículos, a saber: los numerales 1-18, 20-22, 24, 27, 29, 32, 34, 36, 38-43, 54, 66, 69, 71, 80, 82, 83, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 100-103, 105, 107, 109-115, 121, 122, 127-134, 138, 140. Es decir, más de la mitad de los artículos del texto de 1976 fueron afectados. En los substantivo, fueron afectados (1) Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado; (2) Ciudadanía; (3) Extranjería; (4) Familia; (5) Educación y Cultura; (6) Igualdad; (7) Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales; (8) Principios de Organización y Funcionamiento de los Organos Estatales; (9) Organos Superiores del Poder Popular; (10) Divisón Político- Administrativa; (11) Organos Locales del Poder Popular; (12) Tribunales y Fiscalía y (13) Sistema Electoral. Se introdujo una cláusula nueva (Art. 67) que otorga al Presidente del Consejo de Estado poderes extraordinarios de emergencia. Tanto en la vieja (1976: Art. 141) como en la nueva constitución (1992: Art. 137), el texto fundamental cubano es claro y terminante en materia de reforma constitucional: "Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea" (nuestro subrayado). Por lo tanto, nos parece justo afirmar que el gobierno cubano violó el espíritu y la letra de nuestra Carta Fundamental al no someter estos cambios a ratificación por referendo. Ya en Diciembre de 1991 Juan Escalona, presidente de la ANPP, había declarado a un periodista extranjero que las reformas constitucionales no se iban a someter a referéndum porque el gobierno no se podía dar el lujo de paralizar el país. De manera que el gobierno cumple con la Constitución y con la ley cuando esto le resulte conveniente. El 28 de Octubre de 1992, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley No. 72, Ley Electoral, que instrumenta las enmiendas constitucionales aprobadas el 12 de Julio de 1992 en materia de la elección de los delegados a las asambleas del Poder Popular. Hemos estudiado detenidamente dicho documento y conocemos de primera mano la forma en que se llevaron a cabo la nominación de candidatos y la confección de candidaturas finales con vista a las elecciones de 20 de Diciembre de 1992. Quedó claro, a cualquier observador imparcial, que el proceso funcionó tal cual era la intención con que se redactaron los Artículos 68 y 69 de la Ley Electoral, que integra las comisiones de candidaturas a partir de las llamadas Organizaciones de Masas y entrega su jefatura a la Central de Trabajadores de Cuba, respectivamente. Sabemos que dichas organizaciones son controladas por el Partido Comunista de Cuba pero, como cubanos, nos avergüenza que la desfachatez oficial llegara al extremo de integrar a la Comisión Nacional de Candidaturas a candidatos y a miembros del Comité Central del Partido. De manera que la promesa de elecciones libres hecha por Fidel Castro a los presidentes del Grupo de los Tres, el 24 de Octubre de 1991 en Cozumel, no fue cumplida. Elecciones libres exigen voto secreto, escrutinio abierto y posibilidad de escoger entre varias alternativas. La reforma electoral cubana cumple con solo uno de los tres requisitos: proclama el voto "libre, igual y secreto" (Art. 3, Ley # 72), pero no permite la supervisión sistemática del escrutinio llevado a cabo por las Comisiones Electorales (arts. 118 y 119) por nadie ajeno a ellas, y destruye cualquier ilusión de competitividad al presentar candidaturas únicas al elector. Pero ni las artimañas de la dictadura ni la mayor desesperanza pudieron derrotar a la voluntad democrática del pueblo cubano. Cupo a la Coordinadora Social Demócrata de Cuba la satisfacción de ver correspondido un modesto esfuerzo por concientizar al pueblo cubano y de ayudarlo a dar una respuesta adecuada. Había una respuesta digna y seria ante semejante payasada. Durante todo el mes de Diciembre, la Coordinadora dedicó casi todo el espacio de su programa Radioperiódico UnSoloPueblo a explicar y propagar la consigna de concurrir a la "elección secreta" del 20 de Diciembre y a votar NO. En vísperas de la elección se transmitió un mensaje más conciso y abreviado durante todos las pausas comerciales de la emisora. Vimos con regocijo como, al cabo de unos días del evento electoral, sectores aperturistas del Partido Comunista de Cuba filtraron la noticia de que más de 2.7 millones de cubanos (de un electorado entre siete y ocho millones) había roto con el miedo y votado NO, o simplemente anulado la boleta el 20 de Diciembre. A partir de ese momento, y gracias a ese simple y sencillo acto de patriotismo y de reafirmación cívica, ya no será posible decir que no hay oposición en Cuba. Esto explica por qué, a pesar de que la situación del país era peor que la de Diciembre de 1991, el oficialismo decidió paralizar el país para tratar de salvar la cara en las elecciones del 24 de Frebrero de 1993. Anticipando esto, durante Enero y Febrero de este año, de nuevo a través del Radioperiódico UnSoloPueblo, insistimos en la idea de dar una respuesta digna a las próximas "elecciones secretas" de Febrero de 1993. Le dijimos a nuestros hermanos: "Cubano, únete a los casi tres millones que votaron NO el 20 de Diciembre. Contribuye a una solución pacífica en nuestra Patria. Convierte una elección secreta de candidatos únicos en un plebiscito. Escribe simplemente NO en tu boleta." Por su parte, en el mes de Febrero, el régimen se volcó a la calle para promover el voto por la candidatura completa. A pesar de la simpleza elemental de las boletas (una para los cargos locales y otra para los nacionales), miembros de los Comités de Defensa de la Revcolución (CDR) visitaron a todos los vecinos para aclarar cualquier duda sobre la manera de votar-- esto es un país donde ha desaparecido el analfabetismo. El 13 de Febrero, sin estar esto contemplado en la Ley 72 (ver sus artículos 53 a 66), la Comisión Electoral Nacional autorizó a cualquier ciudadano ausente de su municipio a votar dondequiera se encontrase el día de la elección. Fidel Castro dedicó casi una semana a recorrer su distrito electoral en Santiago de Cuba y a aparecer conjuntamente con otros candidatos en la provincias orientales. No fue el único, ya que todos los candidatos hicieron campaña, a pesar de no contar con oposición alguna, coreando la tonada de que "nuestro sistema es el más democrático". En la víspera de la elección se organizó una gran fiesta musical en la Plaza de la Revolución. Es casi seguro que las cifras exactas recogidas por las más de 27,600 juntas electorales no estén disponibles al público, dadas las dificultades del "período especial". Tampoco podremos constatar cuántos de los 7,754,569 ciudadanos declarados aptos para votar ejercieron el sufragio. Desafortunadamente, el oficialismo optó por mantener la línea del (ir)realismo triunfalista a la hora de reportar los resultados. Para sorpresa de nadie se nos ha dicho que todos los candidatos a la ANPP fueron electos abrumadoramente; el evento fue caracterizado como con un mínimo de abstencionismo y de votos nulos. Para adulzar el desprestigio y la vergüenza que esto conlleva, el presidente Castro sugiere que puede que ya no gobierne dentro de cinco años. Nuevamente tendremos que esperar a que manos amigas nos enteren de la verdad. Mientras, dados los resultados del 20 de Diciembre, nos toca preguntar: ¿Qué cambió en Cuba en los dos últimos meses? ¿A dónde fueron a parar los tres millones de cubanos que repudiaron el continuismo en Diciembre?
Siguiendo las pautas marcadas por nuestros estatutos la Coordinadora Social Demócrata de Cuba celebró elecciones internas para renovar su dirigencia para el año en curso. Por voto secreto resultaron electos al Consejo de Dirección de la Coordinadora: Enrique Baloyra, Miguel Torres Calero, Santiago Echemendía, Emilio Martínez Venegas, Byron Miguel, Rosita Cossío del Pino, Lesbia Varona, Lino Bernabé Fernández, Juan Valdés de Armas, Salvador Subirá, Jorge Clavijo, Manuel Barba, Roberto Núñez Varela, Raoul Cay y Eduardo Ojeda Camaraza. A su vez el Consejo designó a Lino Fernández como Presidente y a Enrique Baloyra, Emilio Martínez Venegas y Miguel Torres Calero Vice-presidentes. El traspaso de poderes se celebró con una acto de confraternidad el Martes 23 de Febrero de 1993.
RESOLUCION SOBRE CUBA La Internacional Socialista considera la situación de Cuba con preocupación. Al interior del país, la economía se va deteriorando día a día, y la situación crítica del pueblo cubano vã en aumento. Como factor exterior, el continuo bloqueo ilegal por parte de los Estados Unidos resulta en un agravamiento de las condiciones políticas y económicas. Hacemos un llamamiento a la nueva Administración de los Estados Unidos a que levante el bloqueo y se pronuncie preparada a sostener conversaciones con La Habana. La Internacional Socialista, deseosa de prestar su apoyo para una transición pacífica hacia un sistema democrático multipartidista en Cuba, sin ingerencia extranjera, sugiere al gobierno de Cuba que libere todos los prisioneros políticos e inicie un diálogo con las fuerzas patrióticas y democráticas. Atenas, Grecia, 9-10 Febrero de 1993.
to: The United Nations Commission on Human Rights and Ambassador Carl-Johan Groth, Special Rapporteur for Cuba February 1993, Agenda Item 12
Members of the Commission Ambassador Groth Our respective organizations congratulate you for the serious and dignified manner in which you have been addressing the issue of systematic violations of civil and political rights in Cuba. Human rights in Cuba is a controversial subject which has attracted a lot of attention and activism. Individuals and organizations addressing this subject have often failed to focus exclusively on improving the performance of the Cuban government in this regard. They have pursued their own agendas by either avoiding the toughest questions altogether or by manipulating the issue for their own selfish interests and purposes, which are not exactly those of the Cuban people and nation. Before we tell you anything else, including the main purpose of this communication, we want to make two things clear. One, we condemn and oppose any and all attempts to create or exacerbate economic embargoes against the Republic of Cuba. We have repeatedly argued that these are ineffectual and very counterproductive. Contributing to deteriorate the Cuban economy is a major, inexcusable violation of the human rights of the Cuban people, at a time when the selfishness and incompetence of their government have jeopardized the gains of a revolutionary process of four decades. Second, we are not here to denounce genocide in Cuba. We are aware of the scale of violations of human rights in other parts of the world and that part of the problem with denunciations of violations of rights in Cuba has been that they pale in comparison with what has been happening elsewhere. All too conveniently, Cuban officialdom has hidden behind this obvious contrast to deny the existence of a problem. Unfortunately, those who insist in comparing this darkest hour of the Cuban people with the experience of the Holocaust play right into the hand of those who insist that there are no violations of rights in Cuba. But passion and exaggeration will lead us nowhere. To our knowledge, infant mortality is yet to become a problem in revolutionary Cuba. And here is precisely where the problem lies. Defending some rights cannot possibly justify the abuse of others. We come before you to protest continued, systematic, cynical, and inexcusable violations of civil and political rights by a government that utilizes a credible record of improvements in socioeconomic rights to justify its refusal to share power and to submit to free and fully competitive elections. We find it unacceptable that the same group of men who have been governing our country for almost thirty-five years without supervision insist that theirs is the only vision and the only alternative, the only manner of serving the interests of the Cuban nation. We come before you on behalf of the almost three million of Cuban voters who already expressed their discontent by nullifying their ballots on 20 December 1992. We come to respectfully request that you include in the official records of the Commission, a chronology of efforts undertaken by ourselves and others to submit broad questions about the nature of the political regime to a plebiscite involving all Cubans. We apologize that the chronology is only in Spanish. We lack the staff and the resources to translate into other languages but are confident that your competent staff may be able to do so. This being the case, we would like to highlight a series of efforts, described in the chronology, to communicate with the president of the National Asssembly of Popular Power and apprise him of our compliance with constitutional requirements concerning referenda. More specifically, we communicated with the afore-mentioned official on 28 December 1990, on 23 January 1991, and on 12 June 1991. We are yet to receive an official response. In July 1991, taking advantage of his presence in Mexico during the first Summit of Ibero-American presidents in Guadalajara, we published an open letter to president Fidel Castro, describing the efforts to engage the Cuban government in setting the terms and agenda for a plebiscite. We are yet to receive a response. In all our December 1992 programs of the Radioperiódico UnSoloPueblo, which we broadcast to Cuba by the forty-one meter short-wave band on Sunday evenings, we emphasized the need for people to protest the conditions of the election presented to the Cuban people by the government. We obviously cannot claim exclusive credit for the large protest vote registered on 20 December 1992, but we are obviously attuned to the feelings and the discontent of a large number of our compatriots. As of this writing, we continue relying on our modest means to ask Cuban voters to simply write "NO" on their ballots in the elections of 24 February 1993. We are not here to ask for your sympathy nor your intermediation. We need no intermediaries to address a matter involving fundamentally Cuban concerns. We are here to, on behalf of the millions who already voted "NO" and of the thousands who have participated in efforts to produce a peaceful, gradual, negotiated process of transition through elections in Cuba, give witness to an obvious fact: Despite being threatened by two different forms of extremism- - external economic embargoes and political intransigence at home --the Cuban people insist on the right to have a viable, sensible, national alternative. Cubans have already utilized that alternative to express their opposition. We are here to ask the international community that, in solidarity with the Cuban people, not just the now finally visible opposition but also those blindly following orders to repress that opposition, it remind the Cuban government: First, of its obligation to submit all the recently-approved constitutional changes to a referendum. Second, of its obligation to submit itself and its policy record to the scrutiny of the electorate in free and fully competitive elections. Third, of its obligation to respect all the civil and political rights of the opposition. We are here to ask that, through the good offices and continued work of the Commission, the Cuban government be made aware that it cannot continue justifying violations of civic and political rights on grounds that this is indispensable to defend the real and alleged accomplishments of the revolution. Respectfully submitted, Coordinadora Social Demócrata de Cuba Centro de la Democracia Cubana
A Brief Profile by Alejandro Portes, PhD
According to the 1990 Census, the Cuban-origin population of the United States numbers 1,043,932 or 4.2 percent of the total Hispanic-origin population. The Cuban population of Florida numbers 675,786 or 65 percent of this national figure. Most Florida Cubans concentrate in the Miami metropolitan area. All available data indicate that Cubans are very different from other Latin-origin groups. Eighty-four percent of Cubans in the 1990 Census reported their race as white, as compared with 52 percent in the total Hispanic-origin population. Data from the March 1990 Current Population Survey (CPS) indicate that 20.3 percent of the Cuban-origin population had 4 or more years of college, a figure equal to the national average and 11 percent higher than that for the total Hispanic population (9.3 percent). This relatively high educational level is reflected in the economic indicators for Cuban-Americans. In March 1990, the adult unemployment rate was estimated at 5.8 percent and the number living in poverty at 15.2 percent-- both figures similar to the national averages and much lower than those for Hispanics as a whole (8.2 and 26.2 percent, respectively). Twenty-six percent of employed Cuban-American males had managerial or professional specialty occupations, a figure matching the national average and exceeding the Hispanic average by 15 percent. Income and earnings data follow the same pattern. In 1989, the median household Cuban-American income was estimated at $27,890, compared with $28,905 nationwide and $21,922 for all Hispanics. Twenty-one percent of Cuban households had incomes in excess of $50,000, a figure that almost doubled the Hispanic average (13.8 percent) and came close to the national average (23.5 percent). A different body of Census data show that Cubans are also one of the most entrepreneurial ethnic minorities. In 1987, the Department of Commerce's Survey of Minority-Owned Business Enterprises counted 61,470 small Cuban-owned firms generating annual sales of $5.5 billion and employing over 47,000 persons. These figures are an underestimate of total Cuban business activity because they include only small unincorporated businesses and omit the larger firms. In 1987, there was approximately one ethnic-owned enterprise for every 16 Cuban- American persons, compared with one for every 58 Mexican- Americans, 79 Puerto Ricans, and 84 Black-Americans. In synthesis, Cubans in the United States are approximating economic parity with the national population despite the handicap of a much shorter average length of residence in the country. This achievement has been fueled by relatively high average levels of education and by a dynamic entrepreneurial presence. The business achievements of Cuban entrepreneurs and the success of others in overcoming earlier obstacles to upward mobility represent a model for other ethnic minorities. Although it is not likely that this collective study can be replicated, it contains lessons of direct applicability for national policy aimed at reducing poverty and promoting downtrodden groups. Cubans are also older, better informed politically, and more conservative than other Hispanic groups. According to the recently-completed Latino National Political Survey (LNPS), Cubans were approximately as knowledgeable as Angloes concerning national political affairs, exceeding significantly the knowldge levels of other Hispanic groups. Slightly over half (54.5 percent) of Cuban respondents in this survey identified themselves as "conservative." The corresponding figures were 39 percent among Angloes, 47 percent among Puerto Ricans, and 36 percent among Mexican-Americans. Figures from the LNPS permit a further breakdown of Cuban-American political orientations into the following tentative categories (in percentages): Extreme Left (very liberal) 3.6 Moderate Left (liberal) 19.3 Center (moderate) 22.5 Moderate Right (conservative) 48.5 Extreme Right (vcery conservative) 6.0 These figures are worth pondering. Although the LNPS is statistically representative, there is significant sampling error. Hence, the difference between the number of conservative Cubans and those professing other beliefs is not statistically significant. For this reason, it is possible to conclude that approximately half of the Cuban-American population does not endorse conservative views and that the extreme right comprises a tiny minority. These results contrast significantly with the monopoly exercised by extreme right groups over Cuban-American politics and their attempt to portray themselves as the sole voice of our community. Implications for the chances of success of an alternative center-left political organization are straightforward.
El Dr. Alejandro Portes ocupa la cátedra John Dewey y es director del Departamento de Sociología de Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland. Durante el presente año académico, el Dr. Portes ha estado como investigador en Russell Sage Foundation en New York.
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