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Organo oficial de la Coordinadora Social Democrata
En esta entrega: Rafael Rojas: Una Reforma lenta y silenciosa Pierre Schori, The Janus Face of Europe....
Una reforma lenta y silenciosa por Rafael Rojas La ocasión perdida de la reforma. La despenalización del dólar anunciada por Fidel Castro el 26 de julio de 1993 y la ulterior apertura del llamado "trabajo por cuenta propia" señalan un giro en la estrategia política del poder cubano. Aunque estas medidas se adoptaron bajo "la presión de las circunstancias" es indudable que con ellas el gobierno insular abandona dos estrategias fallidas: la Rectificación y el Período Especial. La primera, de 1986 a 1991, fue una alternativa al modelo soviético aplicado en Cuba y a las reformas emprendidas por el nuevo Secretario General del PCUS, Mijail Gorbachov. Aunque parezca absurdo, en esos años el sistema cubano se defendía contra dos políticas enemigas entre sí: el estancamiento y la perestroika. La segunda estrategia, que abarcó todo 1992 y el primer semestre de 1993, representó el desencuentro del entusiasmo ideológico por parte del Estado con la bancarrota económica de la sociedad. El Período Especial marcó entonces el fracaso de la Rectificación y la urgencia de una reforma que apenas comienza a insinuarse. Se trata sin dudas de una reestructuración largamente incubada, cuyas primeras señales aparecieron hace diez años. Desde mediados de los ochenta el gobierno cubano se propuso atraer capital extranjero hacia institutos comercializadores de servicios turísticos y productos estratégicos. Este sistema de corporaciones fue diseñado con un doble objetivo: fomentar una estructura mixta de propiedad al margen del cerrado ámbito estatal y abrir una fuente alternativa de ingresos centrales que sostuviera esa economía carente de política fiscal. Una discreta y marginal liberalización del diseño inversionista era entonces posible gracias a la dependencia mercantil y financiera de la Unión Soviética. Pero el gobierno, único sujeto económico del país, no aprovechó la oportunidad que le ofrecían la creciente productividad y el equilibrio presupuestario para ampliar el mercado interno y reorientar el gasto público. El estado cubano vislumbró a tiempo el deterioro de sus relaciones comerciales con el campo socialista pero no se preparó para la crisis y, lamentablemente, la política trazada durante esos seis años lejos de conjurar el mal que se esperaba lo reproducía. En efecto, el llamado "proceso de rectificación de errores" intentó revertir las prácticas administrativas y morales que generó la institucionalización filosoviética de 1971 a 1985. La ruptura parecía dirigida contra la planificación burocrática y centralizada de la economía nacional, pero el verdadero motivo de la reacción eran los brotes de mercado que ese sistema suscitaba. La Rectificación rearticuló el argumento de que la pureza del orden revolucionario excluía un margen mínimo de iniciativa privada y mercado libre. Tanto la Gran Ofensiva Revolucionaria de 1967-1970 como la Rectificación resultaron ser estrategias de ideologización de la economía y búsquedas de un rechazo a la instrumentalidad del poder desde su reforzamiento carismático. Los efectos depresivos de la Rectificación no tardaron en manifestarse y precedieron al catastrófico ajuste del comercio con la URSS y el CAME. Entre 1986 y 1987 la productividad del trabajo disminuyó de -1.6% a -4.8% y el producto social global, cuya tasa de crecimiento entre 1981 y 1985 había sido de 7.2%, cayó de 1.2% en 1986 a -3.8%, en 1987. Tras una leve reanimación en 1988, estos índices decrecieron de manera sostenida hasta 1993. Sin embargo, según Fidel Castro, la crisis drástica del comercio se verificó después de la desaparición de la URSS, es decir, entre 1991 y 1992, cuando el nivel de importaciones bajó de 8,139 millones de dólares a 2,236. De manera que la explicación oficial del deterioro económico a partir del "doble bloqueo" intenta esconder el desacierto de la Rectificación. No por retardar la posibilidad de la reforma económica podía la Rectificación deterner una acelerada transición natural en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Como era de esperar este desmontaje de la racionalidad instrumental de los 70 actuó a la manera de un resorte emancipador sobre la opinión y la cultura. Los intelectuales recuperaron la conciencia de su inquieta localización en las fronteras de la sociedad civil y el Estado. Los científicos sociales se desenmarcaron de la dogmática marxista-leninista al centrar sus observaciones en la excepcionalidad histórica de Cuba, la crisis de la modernidad, la muerte de la filosofía y al recurrir a las viejas heterodoxias de la Nueva Izquierda. Los artistas liberaron sus poéticas de la rígida función valorativa que exigía el proyecto utópico y buscaron formas de comunicación que enlazaban perfiles conceptualistas, antropológicos y metafísicos. Así se dio, en los 80, la insólita y tensa convivencia entre un Estado que inscribía sus valores y ejecuciones políticas en la antimodernidad y una cultura que se identificaba cada vez más con el discurso postmoderno. En medio de una pesada atmósfera de crítica cultural al poder político pareció que se abría un espacio público para la intelección de alternativas estatales al emitirse una flexible convocatoria al Cuarto Congreso del Partido Comunista. Este Congreso, previsto para 1990, podría haberle dado cauce institucional a la imaginación reformista, pero pronto quedó claro que la catarsis inducida por el estado-partido buscaba la descalificación y cierre de la opinión pública y el movimiento cultural. Fue así como surgieron las maniobras, no siempre exitosas, de centralizar o fusionar instituciones culturales, clausurar revistas, redoblar la censura periodística y destituir políticos identificados con la intelectualidad. El Congreso quedó postergado para Octubre de 1991, las ofertas del mercado estatal se estrecharon y la expresión crítica fue cada vez más controlada. Finalmente, todas las propuestas de cambio, desde una tímida distribución del megapoder de Fidel Castro y un nuevo nombre para el Partido Comunista de Cuba, hasta la reapertura del mercado libre campesino y la privatización de ciertos servicios, fueron desechadas con renovado fervor antiliberal. En 1992 apareció en toda su magnitud el "otro rostro de la crisis". Al crónico desabastecimiento se sumaba ahora el testimonio imponderable de que la política gregarista, las movilizaciones al campo, la conversión de los jardines en huertos y el orgullo de ser los últimos abanderados del comunismo en el mundo eran ineficaces para contrarrestar, o siquiera hacer olvidar, la precariedad económica. El tiempo propicio para la transición se había agotado y Cuba llegaba a una circunstancia límite en la que cualquier intento de cambio estructural era casi imposible. El Estado no podía privatizar una parte de la propiedad agraria porque además de la tierra no tenía nada que ofrecer. La falta de fondos y recursos para inaugurar un mercado impedía el desmontaje de la hipertrofiada economía estatal a través del pequeño comercio de productos básicos. El abismal déficit presupuestario provocaba el colapso de la única empresa capaz de promover una reestructuración económica: el Estado. De ahí que todas las opciones quedaran cifradas en dos últimos caminos: reforma rápida por medio del financiamiento externo o reforma lenta por la vía de la dolarización interna. En la esfera política las posibilidades de cambio estaban condicionadas por el tipo de reforma elegida. Si el gobierno se decidía por el financiamiento externo de la transición los pasos previos eran el reparto del poder, el reconocimiento de la disidencia, la negociación con el exilio y el levantamiento del embargo comercial norteamericano. Si escogía el camino de la dolarización, que a corto plazo desataría un brusco viraje de la pirámide social, entonces era preferible conservar el poder de Fidel Castro como garantía del orden, la paz y el arreglo entre las diferentes tendencias de la cúpula gubernamental. En este caso no era recomendable una distribución del mando central, pero sí lo eran ciertas medidas a favor de una mayor representatividad de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), la renovación de la dirigencia subalterna y un giro en el lenguaje diplomático que bajara el tono ofensivo contra la comunidad cubano-americana. El año de 1993 demostró que el oficialismo había elegido el segundo camino, esto es, la reforma lenta y silenciosa. El poder cubano justifica la necesidad de la reforma con la crisis y no con una voluntad interna de cambio. No interpreta la crisis como el fracaso íntimo de su sistema y la prueba histórica de que tanto el voluntarismo de los 60, como el burocratismo de los 70 y la Rectificación a mediados de los 80 fueron incapaces de reproducir con estabilidad y eficiencia la riqueza del país. Para el oficialismo la crisis es una adversidad externa, una suerte de maldición universal que se manifiesta en el mundo unipolar, el predominio de ideologías reaccionarias, la desintegración de la URSS y la clausura del comercio paternalista con el CAME, la caída de los precios, la mala zafra, los ciclones, las tormentas, el bloqueo y el regocijo imperialista. Según el discurso oficial estas son las circunstancias que exigen una revisión de los mecanismos económicos del Estado, sin alterar sus estructuras políticas ni sus mensajes ideológicos. Además de tardía y clandestina la reforma emprendida por el poder cubano en 1993 es forzada e incompleta. Es visible que el deterioro ha alcanzado también a los aparatos políticos del Estado, aunque hasta ahora cumplan lealmente la función legitimadora que les asigna el régimen, y cuya actividad se reduce a un ritual de confirmación de los pasos que da el poder. Pero si secretos y cautelosos los del gobierno, veloces y descuidados son los de la sociedad. En 1993 se ha desatado la iniciativa económica de la sociedad civil y el exilio. La reagrupación social avanza más acelerada que el acomodo financiero del Estado y es muy probable la génesis de una cultura política independiente que se cuestione el hecho de que la reforma deje intocados el poder y el discurso. El sujeto ausente de la transición. Una economía unidimensional como la cubana, clausurada por la estatalidad, no puede generar los recursos necesarios para su reforma en una fase depresiva. En este caso la crisis no significa la quiebra de bancos e industrias sino la bancarrota de la empresa que administra la producción y el comercio nacional: el Estado. Y decía Joseph Schumpeter que los tiempos de las reformas efectivas nunca se corresponden con los de las crisis. El estado chino acumuló centralmente sus capitales bajo los cánones éticos de la Revolución Cultural y luego los reprodujo compartiendo sus utilidades con la inversión privada. En Cuba la Ofensiva Revolucionaria fue, muy por el contrario, un período de desacumulación. El momento oportuno para el cambio estructural no le llegó a la isla hasta mediados de los 80, luego de que la productividad logró crecer de manera sostenida gracias a un sistema dependiente de la URSS y subsidiado por el CAME. Esto ya era una ostensible desventaja, con respecto al caso chino, porque la reforma debía ser coordinada con el bloque soviético. El orden de la reforma en Rusia ha sido diametralmente opuesto al de su histórico rival chino. Las prioridades de la transición han seguido los tiempos que les marcó Gorbachov: la glasnost antes que la perestroika, el destape de la opinión pública, el diálogo con los opositores, la concesión del sistema de partidos y la convergencia con Occidente antes que la privatización a gran escala y el funcionamiento pleno de la economía según las leyes del mercado. Este ritmo era el más adecuado ya que la crisis económica emergía de manera acelerada desde 1987 y la burocracia soviética comprendió que la reforma no avanzaba sin financiamiento externo. Los costos de este cambio sólo podían ser pagados por el entusiasmo de Occidente. Para eludir las fases de la reforma rusa en Cuba se está dando una tardía identificación con el modelo chino. El colapso del sector estatal ha provocado la activación de dos esferas de intercambio: la bolsa negra y el área dólar. La primera es el típico mercado informal de altos precios en pesos cubanos que convive con la economía oficial desde Enero de 1959. La segunda es una suerte de sector extramuros creado en el radio de acción de los hoteles, las empresas mixtas, las sociedades anónimas del gobierno y las tiendas diplomáticas. Mientras el área dólar ha sido un mecanismo del Estado para violar el embargo comercial norteamericano, la bolsa negra ha sido un instrumento de la sociedad para burlar el cerco mercantil que le tiende el Estado. A partir de 1989 ambas esferas han crecido aceleradamente en busca de una convergencia y al decretarse la libre circulación del dólor en el verano de 1993 ya estaban articuladas de hecho. Desde este momento comenzó a derrumbarse el muro económico entre el peso y el dólar, entre el Estado y el Mercado, entre el gobierno y la población. Pero el prometedor enlace de la bolsa negra y el área dólar hasta ahora ejerce un limitado estímulo en el mercado interno y la circulación monetaria, ya que sólo tiene acceso al intercambio entre el 20% y el 30% de la sociedad. La despenalización del dólar, primer paso de la reforma cubana, fue concebida para legalizar y promover el envío de remesas en moneda convertible desde el exterior. El gobierno pensó que la emigración cubana respondería a la apertura viajando con regularidad a la isla y mandando suficientes dólares a sus familiares como para suplir los vacíos del abastecimiento estatal. Estaba previsto que ese dinero fuera invertido en las tiendas turísticas del Estado o actuara como equivalente de la masa de pesos ociosos en el mercado negro. Así el poder cubano suponía alcanzar tres objetivos esenciales: disminuir el exceso de circulante en pesos, recortar el déficit presupuestario sin una revisión a fondo de la política fiscal y fomentar el mercado interno sin grandes alteraciones en el régimen de propiedad. La fórmula no podía ser más irónica, era como si la Revolución le pidiera a los "gusano" del exilio y a los "lumpens" de la bolsa negra que financiaran su economía en quiebra. Esta mentalidad quedó al descubierto cuando el 26 de Julio de 1993, Fidel Castro señaló que la despenalización del dólar era para "hacer que el dinero de los especuladores se convierta en una fuente de ingresos -léase estatales- y que las ganancias comerciales por vía de remesas del esterior, inversiones, propinas, turismo, etc, vayan directamente a la economía popular" -léase, otra vez, estatal. A pesar de que Castro insistió en que una porción considerable de las divisas recaudadas se destinaría a satisfacer la demanda de productos básicos, tres de las medidas anunciadas ese mismo día indicaban que no eran esas las prioridades del gasto estatal. Me refiero al fomento de las producciones y servicios generadores de ingresos en moneda convertible, a la expansión del turismo y al desarrollo de productos farmacéuticos y biotecnológicos. Estas tres esferas absorberían el mayor volumen de egresos por parte del Estado y la oferta del mercado en dólares se mantendría limitada por la incapacidad de producir o importar bienes de consumo al nivel de la demanda. A principios de Febrero de 1994 Carlos Lage, el zar de la política económica, admitió que "el Estado requiere de una urgente combinación de reducción de gastos, por una parte, y de aumento de los ingresos, por otra". El predominio del instinto de conservación del Estado sobre las necesidades sociales se comprobó al decretarse enseguida el aumento de los precios en más de un 50%. La reacción de los círculos más agresivos del exilio fue minimizar las remesas y la de los cubanos con dólares fue invertir el dinero en el mercado informal. Al observar que la recaudación de divisas por medio de las tiendas estatales no era suficiente el gobierno decidió tomar las primeras medidas de apertura del mercado interno. Fue así como el segundo paso de la reforma consistió en la autorización, a principios de septiembre de 1993, del ejercicio privado para 177 oficios y artesanías. Las únicas condiciones que acompañaban esta disposición eran la imposibilidad legal de contratar asalariados y el pago obligatorio del impuesto correspondiente. De ahí que el tercer paso de la reforma debía ser el diseño de una política fiscal para ser aplicada sobre el mercado en cierne. Durante las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de Diciembre de 1993, debió aprobarse el nuevo esquema fiscal y presupuestario del Estado cubano pero el miedo a la reforma lo impidió. El ministro de finanzas, José Luis Rodríguez, presentó un proyecto para reducir el déficit presupuestal y el exceso de circulante a través del cobro de ciertas gratuidades y de la implantación de un nuevo registro de impuestos. El ministro reconoció que la efectividad de su programa fiscal dependía de la aplicación paralela de otras medidas en favor del mercado y del cambio de moneda. Pero se decidió postergar la discusión de la nueva estrategia financiera para una reunión extraordinaria de la ANPP a inicios de 1994. Así la Asamblea Nacional culminó con un discurso en el que Fidel Casto reiteraba su desconfianza en las "soluciones tecnocráticas" y expresaba sus esperanzas de que se vislumbraría alguna salida a la crisis: hallazgo de petróleo en las costas de Cuba o ventajosos arreglos comerciales con China. En este escenario indeciso y accidentado de la transición económica se insertaron algunas señales de cambio político. En Febrero de 1993 la elección de los diputados al poder legislativo provincial y nacional por medio del voto directo y secreto fue sin dudas un indicio transformador. Claro, para compensar el permiso de nuevas entradas al sistema político el régimen se vio obligado a reforzar el control institucional e ideológico de las elecciones. Con el objetivo de evitar el surgimiento espontáneo de líderes no oficiales, se crearon comisiones de candidaturas que estaban integradas por los Consejos Municipales, el Partido Comunista local y las organizaciones de masas. Estos cuerpos verticalmente centralizados tuvieron la función de componer las nóminas de candidatos a las asambleas que luego serían votadas de manera universal y directa. Así, en la práctica, las elecciones legislativas indirectas a través de las Asambleas Municipales fueron reemplazadas por una suerte de voto plebiscitario que legitimaba el "dedazo" de las comisiones de canditura. Para conseguir el efecto plebiscitario que deseaba el gobierno no sólo hubo que reducir al mínimo las opciones electivas sino que fue necesario desplegar una intensa campaña de inducción al "voto unido" por todos los candidatos. El país se llenó de pancartas con una cruz en un círculo y el lema de "valen todos" que aludía en sentido subliminal a la popularísima telenovela brasileña Vale Todo. Fidel Castro organizó una gira proselitista de Santiago de Cuba a Pinar del Río para persuadir a los electores de que el voto "verdaderamente revolucionario" era el que se otorgaba a la lista oficial completa. Por último, el diseño de las boletas favorecía de manera indiscreta los fines gubernamentales. En la parte superior de la hoja se dibujó un círculo que al ser marcado con una cruz consumaba el voto de los revolucionarios, mientras en la parte inferior aparecieron los nombres de los candidatos que debían ser elegidos selectivamente. Las otras señales de cambio político en 1993 fueron la siempre prometida y nunca realizada reforma de la Asamblea Nacional y la articulación de un nuevo discurso hacia el exterior. En virtud de estas expectativas se dio un ajuste del liderazgo que colocó al experimentado diplomático Ricardo Alarcón en el Parlamento y a Roberto Robaina en la Cancillería. Luego de asumir la nueva responsabilidad, Alarcón anunció una serie de medidas: desde la profesionalización de diputados hasta la dilatación de las sesiones anuales -la Asamblea se reúne sólo cuatro días al año-, destinadas a concederle un mayor peso al poder legislativo. Por otro lado, el objetivo central del nuevo lenguaje diplomático era restablecer el diálogo entre el gobierno insular y grupos políticos del exilio cubano que no estuvieran adscritos, según el ministro Robaina, a la "línea dura" de la Fundación Cubano- Americana y de Carlos Alberto Montaner. Para ello la Cancillería cubana propuso la celebración en la Habana de un encuentro entre cubanos de adentro y afuera. A inicios de Febrero de 1994 se emitió de manera oficial la convocatoria al diálogo. El criterio de selección de los invitados fue el consabido deslinde entre "revolucionarios" y "contrarrevolucionarios", o, en su forma más injusta, entre "cubanos" y "anticubanos". En el anuncio de las conferencias de Abril Roberto Robaina intentó despolitizar el encuentro con el exilio. Esta versión del diálogo busca la consolidación de las nuevas vías de ingresos en dólares para la economía estatal (inversiones y remesas) y reitera la posición del gobierno cubano de acceder a cambios sólo en la esfera económica. Por eso fueron excluídos las organizaciones políticas más desarrolladas y los círculos académicos más sólidos del exilio, y se invitó sólo a pequeños empresarios, periodistas y emigrados que defienden las virtudes de la Revolución cubana por encima de sus errores, y que aparecen más interesados en su financiamiento que en su reforma. La invitación al diálogo es ya un paso de avance pero cabe todavía sospechar que el gobierno cubano ni valora ni reconoce en toda su magnitud la importancia estratégica de los partidos políticos del exilio. Identificar a la Unión Liberal de Carlos Alberto Montaner con la tendencia derechista de Jorge Más Canosa revela cierto desconocimiento o una animosidad poco favorable al arreglo con la disidencia externa. Se sabe que Montaner es, junto con José Ignacio Rasco en el Partido Demócrata Cristiano y Enrique Baloyra en la Coordinadora Social Demócrata, una figura clave del contra peso político que creó la Plataforma Democrática. En Agosto de 1990 esta coalición surgió asociada a la idea del cambio pacífico y el diálogo con el Estado cubano. Si bien esta actitud dialógica ha sobrevivido a la intolerancia anticastrista en algunos círculos académicos y políticos desde los años 70, como el Instituto de Estudios Cubanos de María Cristina Herrera, es innegable que en los 90 la alternativa moderada a la Fundación Cubano-Americana se ha enriquecido con nuevos argumentos, tales como el levantamiento del embargo comercial contra la isla, y nuevos seguidores, que van desde los marxistas de la Corriente Socialista Democrática hasta antiguos partidarios de la confrontación violenta como Eloy Gutiérrez Menoyo. De manera que mientras las corrientes intelectuales y políticas del exilio convergen en un proyecto de comunicación con el gobierno cubano, las élites revolucionarias de la isla aún no se deciden a propiciar un acuerdo con sus enemigos históricos. El 14 de Febrero, como corolario de la conferencia de prensa en la que el canciller Robaina anunció el encuentro con los emigrados en Abril, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional declaró que los grupos políticos del exilio que estaban descartados del diálogo eran los que "trabajaban para la CIA" o son financiados por la National Endowment for Democracy (NED). Entre estas organizaciones el documento mencionaba a la Fundación Cubano-Americana, el Alpha 66, Cuba Independiente y Democrática y la Plataforma Democrática Cubana "de Carlos Alberto Montaner". Asociar la Plataforma sólo a Montaner es en principio desacertado, ya que se trata de un pacto entre tres partidos y no de una organización con su propia jerarquía. De ahí que cierta o falsa la acusación de vínculos con la CIA no es motivo suficiente para rechazar el contacto que ofrecen las orientaciones cardinales del exilio: la liberal, la demócrata cristiana, la social demócrata y la socialista democrática. Este es el moderno espectro político de la oposición y sin él el diálogo será poco menos que ficticio. Es innegable que la Plataforma apareció precisamente como un intento crítico de abrir nuevas alternativas de cabildeo y financiamiento políticos, al margen del poderoso matrimonio entre la Fundación Cubano-Americana y las administraciones de Reagan y Bush. Desde el pacto de Madrid - Agosto de 1990 - la Plataforma ha entablado una tenaz competencia con Más Canosa y con los congresistas cubano-americanos y ha orientado sus programas en una dirección moderada. La propuesta de Alejandro Portes llevada a cabo recientemente en favor de crear un instrumento que conceda autonomía financiera y política a estos partidos respecto del gobierno norteamericano es la señal más clara de esta tendencia. Por eso ante la modernización ideológica que vive el exilio histórico y la presencia de nuevos políticos que rechazan la guerra vengativa y el compromiso con Estados Unidos -proceso muy aprovechable por un verdadero poder reformista en Cuba- el argumento de exclusión del diálogo por nexos con la CIA parece trasnochado o es un simple subterfugio para eludir la crítica. Detrás de estas segregaciones está el hecho fatal de que el liderazgo cubano no considera necesario el debate político e intelectual con la disidencia. No percibe las ventajas de este diálogo, el verdadero, porque cree que en Cuba no hay "problemas políticos" y que el levantamiento del embargo será posible a través de un acuerdo entre gobiernos, que ignore la voluntad del exilio y la urgencia de una reforma política en la isla. El fin del bloqueo económico decretado por los Estados Unidos hace 34 años sería el escenario óptimo para una reforma rápida y efectiva de la sociedad cubana. Pero la política del gobierno norteamericano hacia Cuba está condicionada por los intereses de la comunidad de emigrados y, por ello, el levantamiento del embargo comercial pasa por una negociación previa entre el Estado cubano y una parte o toda la oposición interna y externa. Lo que no logrará jamás una resolución de las Naciones Unidas puede conseguirlo el gobierno cubano a través de un paciente y arriesgado intercambio político. Claro, el poder de la isla no podrá aspirar a una concertación que no incluya el sacrificio del elemento más antimoderno de su sistema: la resistencia a la crítica. Y si quiere salvar ciertos valores y prácticas del proyecto revolucionario deberá cuanto antes orientar la reforma hacia la génesis interna de un sujeto de transición. De no hacerlo la sociedad cubana terminará importando, junto con el capital, una cultura de rencor, de desarraigo, fetichismo consumista y destructividad histórica. La ausencia de un sujeto de transición cubana nos advierte que ni el gobierno ni el pueblo están preparados para el diálogo con la oposición. Salvo raras excepciones, los grupos disidentes internos no han podido articular una cultura política sólida que despierte de su letargo a la sociedad civil y fundamente una crítica seria del poder. Cuando alguna organización como la Corriente Socialista Democrática alcanza cierta coherencia doctrinal y ejecutiva en sus propósitos al instante se deshace por las infiltraciones oficiales, la imposibilidad de comunicarse con la sociedad y las rivalidades internas. Existe hoy en Cuba una base social joven, culta y calificada profesionalmente con la cual moldear a los actores políticos de la transición. De ella puede surgir una equilibrada voluntad de cambio que busque preservar la vocación justiciera del sistema revolucionario erradicando su ineficacia económica, autoritarismo político y la estrechez de su opinión pública. Una voluntad de cambio que redefina la soberanía nacional más allá del trauma histórico que supone la proximidad de los Estados Unidos. Una voluntad de cambio que reconozca los beneficios sociales de la educación y la salud revolucionarias junto con las desventajas políticas de un régimen sin competencia democrática, división real de poderes y absoluta libertad de expresión. Hoy por hoy el único medio de desatar esta energía de transición es la apertura en la isla de un espacio público que sitúe la reforma política, y no el cambio de moneda o el sistema de impuestos, en el centro de todas las opiniones. Sólo la comprensión de que la crisis que vive Cuba no es sólo económica, sino política, social, cultural e ideológica puede salvar al proyecto reformista. Sacar la reforma del ámbito de los temores y secretos estatales y convertirla en motivo de un amplio debate civil podría ser el gesto del gobierno cubano que garantice la aparición de los sujetos políticos del cambio. Estos serían los fundadores del próximo fragmento de historia insular, que tendrá que debatirse entre las continuidades y rupturas de la Revolución cubana. Rafael Rojas es candidato al doctorado en El Colegio de Mexico.
. . .Two thousand years after the birth of Christ, Europe presents a Janus-face to the rest of the world and itself. One aspect is peaceful and integrating, the other bellicose and revolting . . .Our dreams of prosperity and fraternity in post-communist Europe are clouded. Who can restrict their sympathy and action to an arbitrary "immediate vicinity" when fellow beings are being tortured to death, women systematically raped and children blown to smithereens by shells and mortar bombs in Europe? The former Yugoslavia must be in the immediate vicinity of our hearts and the principal concern of our actions. Who is able, while retaining their self-respect, to boast of their "European" identity without choking on their words? Yesterday Europe recognized Bosnia as a state, but today we acquiesce in its dissolution. At this time our foremost task is to find a path of humanism and solidarity between Maastricht and Sarajevo. I refer to the war in Bosnia, to the insufferable experience of genocide on breakfast TV. I refer to the values by which we, citizens between state and market, are to shape our future. At this time of mass unemployment, it cannot be too often repeated that free people are just as important as free movements of capital. There are no patented solutions or nostrums for "the lava of unpleasant surprises flowing from the crater of post-communism". Few would return to the old way of things: it is dead. But the new has yet to be born. The crisis is not confined to the East. In Western welfare societies as well there are gulfs and contrasts - between those who have jobs and those who do not. This should give cause to reflection in the world of politics, urging us to consensus and broad-based solutions. Allow me to quote three examples. We would have liked to see a different, more active Swedish policy on Yugoslavia. This, we argue in our motion, also meant substantially involving refugees and immigrants from the various parts of the former Yugoslavia in a Marshall-like plan of this kind. Another important measure for peace and reconciliation is vigorous support for independent media and the not insignificant forces in civil society which are standing up against barbarism. These proposals are examples of the forward planning and creative initiatives to which, we feel, the government should have devoted much energy at an early stage, and which we now hope and believe that the government, following the unanimous appeal from the Standing Committee on Foreign Affairs, will accede to. Developments in Russia are the most important factor for our security policy. Russia's destiny can only be decided by the Russian people themselves, but of course we both can and must support the democrats and the policy of reform. The course to be taken by the process of democratization, as we all know, is a topic of vigorous debate. There is something of a war of the professors going on in the USA, in Europe and also here in Sweden, concerning the direction of Russian economic policy. In Russia itself, both the reformists and their opponents are divided on the course to be followed. Given the successes of the right-wing extremists and the die-hard communists, it is more vital than ever to move away from simplistic notions of shock therapy. What is needed now is an intensification of the work of reform, and a policy for a social market economy. For it is social disintegration and the dramatically falling standard of living that have created a breeding ground for the propaganda and successes of the anti-democrats. The United Nations makes a third example. Seldom can the question of a seat on the Security Council have been as vitally important as today. Today the UN is more important than ever. For our part we would welcome concerted efforts to gain a seat in the Security Council for 1995. The Social Democratic Party offers its assistance and its global network of contacts in return for a declaration of intent and a clear strategy. We propose a new order and maximum utilization of the funding allocated, for the furtherance of security, democracy, social reforms and environmental protection. The motions are also concerned with specific measures to promote human rights and to combat racism and the discrimination of women, a catalogue of policy measures for peace and disarmament and development co- operation with the Third World. In our motion on a new programme of common security, we propose a new order whereby funding from the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Defence would be amalgamated to form a new, massive allocation totalling MSEK 1,300. This represents a tangible diversion from traditional defence spending to international security-building co-operation, a Swedish "peace dividend," the first of its kind. This includes a facility for the rapid mobilization of Swedish resources, should the need arise, for funding contributions in the context of Partnership for Peace. With this new programme we impart more operative substance to Sweden's non-participation in military alliances. Last year's proposal for a peace brigade should be seen in this context. Sweden's policy of neutrality has come to be a topic of discussion lately. After studying old documents, the so-called Neutrality Commission has come to the conclusion that the government's actions in the chilliest days of the Cold War were perfectly compatible with international law. The end of the Cold War has created a radically new situation for our country and new opportunities for common security in Europe. If we join the European Union we will be entering a political federation but not a military alliance. It was already affirmed by the Riksdag last year that non-participation in military alliances will continue, that under the Maastricht Treaty one can be both a non-participant in military alliances and a member of the EU, and it is not until entry into the EU that membership or non-membership of the Western European Union would have to be decided on. Control over Sweden's foreign policy is something which we need not and shall not relinquish. If we were to join the EU, this would be an important link in the chain of common security, which as I see it is the most important one, believing as I do more in non-military than military security in the long term. The true threat to the reforming states in the East is in any case not military but economic, political and cultural. And so EU is more in need of expansion than NATO. A famous subversive once said that explaining the world is not enough: we must also change it. Today we have to add that understanding that the world has changed is not enough: we must change with it. A social and economically stable EU, generous and open towards the world at large, is to my mind by far the most important hub of peace and co-operation in Europe, especially in a time of imminent tribal warfare and ethnic trenches. There must be a connection between what we pursue in Sweden and what we stand for internationally. This has to do with the credibility of our policy and, in this sense, foreign policy is an extension of domestic policy. In his last message to the Socialist International, Willy Brandt wrote: "Wherever great suffering is inflicted on people, it concerns us all. Do not forget that a person who condones injustice for any length of time thereby paves the way for the next injustice. Our age, as never before, presents many opportunities for both good and evil. Nothing happens of itself. And little is enduring. Therefore consider your strength and the fact that every age demands its own answers, and that one must exert oneself to the utmost in order for good to prevail."
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